Del consenso democrático al choque de relatos sobre la dictadura
NewsITe
El reciente debate en el Senado por una declaración a 50 años del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976 volvió a exponer la grieta en torno a la memoria, la verdad y la justicia en la Argentina. Lo que durante años pareció un consenso básico en torno al “Nunca Más” hoy se ve tensionado por el avance de una narrativa que busca relativizar el rol del terrorismo de Estado y reinstalar la denominada “teoría de los dos demonios”.
Desde 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada, se consolidó una política de Estado basada en la condena sin matices a la dictadura, la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y la defensa irrestricta de los derechos humanos. El eje central de ese consenso ubicaba la responsabilidad principal en el aparato represivo estatal y en el plan sistemático de desaparición, tortura y asesinato implementado por la Junta Militar.
Durante años, los discursos que hablaban de “Memoria Completa”, reviviendo la idea de que la dictadura habría sido una respuesta inevitable a la violencia de las organizaciones armadas, quedaron relegados a espacios marginales. Sin embargo, en la última década, esas posiciones comenzaron a filtrarse en una sociedad atravesada por crisis económicas, frustraciones políticas y un clima de polarización creciente.
La llegada de Javier Milei a la presidencia y de Victoria Villarruel a la vicepresidencia significó un punto de inflexión: la visión de la “Memoria Completa” se transformó en línea oficial del Gobierno nacional. Esa postura quedó plasmada, entre otros gestos, en el video institucional difundido en la víspera de un 24 de marzo, con la voz en off del dirigente ultraconservador Agustín Laje, referente del universo libertario que impulsa una fuerte “batalla cultural”.
La votación en el Senado y el quiebre del consenso
En este contexto, el Senado discutió una declaración impulsada por el legislador Eduardo “Wado” de Pedro, hijo de desaparecidos, que reivindicaba el consenso democrático construido desde 1983, el principio del Nunca Más al terrorismo de Estado y la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad. La Libertad Avanza se negó a acompañar el texto y promovió maniobras para frustrar la sesión.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, ordenó a su bancada abandonar el recinto con el objetivo de dejar sin quórum la sesión. La jugada, sin embargo, no fue secundada por los bloques dialoguistas ni por otros aliados, por lo que los libertarios debieron retornar a sus bancas y abstenerse en la votación, que terminó aprobándose por amplia mayoría.
Bullrich intentó sin éxito modificar el texto para incorporar una condena general a “todo tipo de violencia” dentro del concepto de Nunca Más, abriendo la puerta a equiparar el accionar de las organizaciones armadas con el terrorismo de Estado. En la misma línea, el senador Joaquín Benegas Lynch reclamó por la “verdad completa histórica”, planteando que el golpe habría sido consecuencia de los ataques de grupos guerrilleros.
Memoria, leyes y disputas desde 2002 hasta hoy
La discusión actual se inscribe en un largo recorrido institucional. En 2002, el Congreso declaró el 24 de marzo como “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, fijando una jornada de reflexión obligatoria en escuelas para fortalecer la memoria colectiva y rechazar todo tipo de autoritarismo. Un año después, a impulso de un proyecto de la diputada Patricia Walsh y con apoyo del Gobierno de Kirchner, se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, lo que permitió reabrir los juicios a los responsables del terrorismo de Estado.
En 2006, el 24 de marzo se convirtió en feriado nacional inamovible. Más tarde, durante la presidencia de Mauricio Macri, un intento de volver móvil el feriado fue frenado por el rechazo social y político, en un clima ya marcado por el repudio al fallo de la Corte que había intentado aplicar el beneficio del “dos por uno” a condenados por delitos de lesa humanidad. La masiva movilización en las calles obligó al Congreso a sancionar, en tiempo récord, una ley que vedó esa posibilidad.
Durante el gobierno del Frente de Todos se presentaron diversos proyectos “antinegacionistas” para sancionar a quienes nieguen, minimicen o justifiquen los crímenes de la dictadura, así como otros genocidios reconocidos por el Estado argentino. Algunas iniciativas extendían ese enfoque a la soberanía sobre Malvinas y a la negación de epidemias o pandemias que pusieran en riesgo la salud pública.
El avance del negacionismo y las tensiones en el Congreso
En paralelo al cambio de clima político, también cobraron notoriedad gestos concretos que reavivaron la polémica sobre la memoria. A mediados de 2024, un grupo de diputados de La Libertad Avanza visitó en el penal de Ezeiza a represores condenados, entre ellos figuras emblemáticas del terrorismo de Estado como Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti. El encuentro, organizado por el diputado Beltrán Benedit y facilitado por un sacerdote cercano a los militares, tuvo como objetivo explorar alternativas para morigerar las penas.
La difusión de una foto grupal de los legisladores con los detenidos generó un fuerte repudio de la oposición y tensiones internas en el propio oficialismo, que derivaron en el alejamiento de una de las diputadas participantes. El episodio fue leído como un intento de legitimación política hacia quienes fueron condenados por delitos de lesa humanidad.
La disputa actual no sólo enfrenta visiones sobre el pasado, sino sobre qué tipo de democracia y de derechos humanos quiere sostener la Argentina en el futuro.
Más allá del resultado de cada votación, el debate por el 24 de marzo en el Congreso expone una puja de fondo: de un lado, quienes sostienen que el Nunca Más implica una condena tajante y no negociable al terrorismo de Estado; del otro, quienes insisten en una lectura que equipara responsabilidades entre la violencia estatal y la de las organizaciones armadas. El modo en que se resuelva esta disputa cultural y política condicionará, en buena medida, el rumbo de la memoria democrática en las próximas décadas.
