La Provincia avanzó con un protocolo para recuperar gastos estatales
El Gobierno de la provincia de Córdoba oficializó el cobro de los operativos de seguridad y emergencia a los padres o tutores de estudiantes que realicen amenazas escolares, en su mayoría falsas. La medida, que había sido anticipada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quedó plasmada en una resolución publicada en el Boletín Oficial y apunta a desalentar este tipo de conductas que obligan a un despliegue masivo de recursos públicos.
La normativa aprueba el llamado Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos, que establece el mecanismo administrativo para reclamar el pago de los costos generados por cada intervención. Según se informó, la decisión se enmarca en la necesidad de garantizar el uso responsable de los fondos estatales frente a episodios que, en los últimos años, se multiplicaron en distintas jurisdicciones del país, provocando evacuaciones de escuelas y la movilización de fuerzas de seguridad, bomberos y servicios de salud.
El procedimiento se activará una vez que intervenga el Ministerio Público Fiscal, organismo encargado de identificar a los presuntos autores de la amenaza y a los adultos responsables legalmente. A partir de esa instancia, el Ministerio de Seguridad y otras áreas competentes de la administración provincial confeccionarán un expediente con todo el detalle del operativo desplegado.
Cómo será el cálculo de costos y los plazos de pago
De acuerdo con el protocolo, las autoridades provinciales deberán:
- Determinar los costos operativos de cada intervención, incluyendo personal policial, móviles, combustible y horas extra.
- Registrar en un expediente todos los datos vinculados al operativo, como horarios, recursos utilizados y organismos intervinientes.
- Cuantificar los gastos afrontados por el Estado, incorporando también el trabajo de bomberos, equipos especiales y servicios de emergencias médicas si correspondiera.
- Intimar a los padres o tutores responsables al pago de la suma fijada, otorgando un plazo perentorio de cinco días para cancelar la deuda.
Fuentes oficiales remarcaron que el esquema busca que quienes generen falsas alarmas asuman las consecuencias económicas de sus actos. Además, señalaron que la medida pretende enviar una señal clara a la comunidad educativa frente a episodios que no solo consumen recursos públicos sino que también alteran la rutina escolar, generan temor en estudiantes y familias y pueden entorpecer la atención de emergencias reales.
“En caso de incumplimiento, se dará intervención a Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales de recupero”, indica la resolución oficial, que habilita a la Provincia a reclamar las sumas adeudadas por la vía judicial.
Con esta iniciativa, Córdoba se suma a otras provincias que revisan sus protocolos frente a amenazas de bombas y alertas falsas en escuelas. El Gobierno provincial confía en que la posibilidad concreta de un resarcimiento económico funcione como elemento disuasivo y contribuya a reducir la frecuencia de estos episodios en el sistema educativo.
