Las cartas que llegan anticipando los incrementos generan confusión entre los afiliados.
Las empresas de medicina privada comenzaron a avisar a sus afiliados que la cuota subirá 6,97 por ciento en octubre. A pesar del congelamiento anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa.
Los referentes de las compañías dicen que lo de Massa fue un anuncio. Pero como no hay decreto sobre el tema envían los avisos a sus afiliados, tal como les indica la normativa vigente.
Para septiembre, las prepagas ya están enviando facturas con un alza del 7,18%. Así, entre septiembre y octubre, los ajustes redondearían el 14%, si no hay una disposición clara por parte del gobierno.
El domingo último, Massa incluyó entre los anuncios que hizo la suspensión por 90 días del aumento de la medicina prepaga. Es para las familias con ingresos que no superen los $2 millones mensuales.
Desde 2022, el aumento de las cuotas de las prepagas se establece según la variación del índice de costos de salud, que es elaborado y publicado por la Superintendencia de Servicios de Salud.
En febrero último, el Gobierno estableció, además, un esquema de reajustes mensuales mediante el cual, si no se supera un determinado nivel de ingresos, se puede pedir la aplicación de un tope al porcentaje del incremento.
Las empresas del sector todavía no salieron públicamente a fijar posición porque están esperando la oficialización de la medida.
Sin embargo, los referentes insisten en que la decisión “no tiene lógica” porque el resto de los costos siguen subiendo.
Entre las alternativas que analizan está la de judicializar la medida o cobrar copagos (una situación que ya se viene dando en muchos puntos del país), y también congelar los aranceles de los prestadores, lo que es rechazado de plano por clínicas y sanatorios.
Esa última opción fue rechaza por las cámaras del sector prestador, que advirtieron que no la pueden soportar y que, de realizarse, generaría una crisis en todo el sistema.
Desde marzo se registra un fuerte corrimiento desde planes más altos a más económicos, ya que la clase media busca sostener un servicio básico de atención de la salud, ante un hospital público desbordado.
Según datos de las prepagas, por primera vez las altas de afiliados fueron menores a los egresos, algo que no se daba desde la crisis del 2001.
Desde entonces, los aumentos mensuales de las cuotas continuaron incrementándose en función del acuerdo del sector con el Gobierno y, además, la inflación general fue subiendo y determinando que los consumidores prioricen determinados tipos de compromiso.
Si la suba de setiembre se realiza, en los primeros nueve meses del año, las cuotas habrán acumulado un alza de 78,1% (63,8% para aquellos que se hubieran registrado como de menos poder adquisitivo). Ese era el acuerdo al que llegaron las partes.
En febrero pasado -después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner criticara los aumentos de las prepagas- se modificó el esquema de instrumentación de los incrementos de las cuotas y pasaron a quienes perciban ingresos netos inferiores a seis veces el salario mínimo, vital y móvil que debieron completar una declaración jurada para que se le aplique un tope equivalente al 90% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
En la carta que envían a sus afiliados, las prepagas señalan que “respecto de los y las contratantes que posean ingresos netos inferiores a SEIS (6) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles ($ 675.000,00), el Plan de Servicio Vigente podrá ser ajustado en un NOVENTA POR CIENTO (90%) del RIPTE del mes inmediato anterior publicado, siempre que el mismo sea inferior al ICS. Esta medida rige por el plazo de 18 meses a partir del mes de febrero de 2023, y el incremento a aplicar para octubre 2023, no aplica para dicho período.
