Tenía una condena de 25 años por una matanza durante su gobierno hace tres décadas.
El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, dejó el miércoles la prisión donde purgaba una condena de 25 años por una matanza durante su gobierno hace tres décadas, luego de la restitución de un polémico indulto humanitario pese a la oposición de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas.
Con una mascarilla en la boca, canas y chaqueta oscura, Fujimori abrazó a sus hijos Keiko y Kenji que lo esperaban y subió a una camioneta en la puerta de salida del penal.
El exmandatario salió de la prisión con una cánula conectada a su nariz y llevaba un pequeño balón de oxígeno. Según sus médicos y familiares, Fujimori sufría de úlceras en el estómago, hipertensión y tuvo operaciones por un cáncer en la lengua.
Según allegados de la familia de Fujimori, el ex líder residirá en casa su hija mayor Keiko, ubicado en un barrio residencial con la vivienda acordonada por decenas de policías.
Fujimori, de 85 años, abandonó la celda de una base policial ubicada en un barrio pobre de Lima donde permaneció 16 años, en medio de vivas de decenas de sus seguidores que lo consideran un héroe que salvó a Perú del terrorismo y colapso económico.
“Agradecida a Dios porque ya era hora, de que esta injusticia contra Fujimori termine. Gracias a él nuestro país esta de pie”, dijo Catalina Ponce en las afueras del penal, donde algunas personas celebraban la salida de Fujimori, en medio de bailes, cánticos y pancartas con su fotografía.
Sus críticos rechazaron la restitución del indulto, junto con los familiares de víctimas, legisladores de izquierda y defensores de DDHH, que advirtieron que el perdón conlleva a un “grave incumplimiento” de los compromisos internacionales, en una situación que vuelve a polarizar al país sudamericano.
“El indulto es una vergüenza internacional”, dijo Gisela Ortiz, quien fue ministra de cultura en 2021 y cuyo hermano fue una de las víctimas de las masacres, durante una protesta contra el indulto frente al Palacio de Justicia la noche del martes.
La excarcelación se produjo pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) enviara el martes una nueva exhortación al país para abstenerse de ejecutar el indulto, que fue restituido por el Tribunal Constitucional tras una vertiginosa saga legal respecto al caso.
La Corte IDH pidió detener el indulto hasta que el organismo tenga “todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones” que exige el beneficio.
La decisión de abrir la cárcel para Fujimori demoró varias horas y estuvo en manos del Instituto Nacional Penitenciario que depende del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, cuya popularidad cayó a un dígito a su nivel más bajo en un año de gestión, tras la destitución de su antecesor Pedro Castillo.
País fracturado
El indulto al ex presidente Fujimori no lo libera de pagar unos 57 millones de soles (unos 15 millones de dólares) de deuda por reparación civil por los casos de corrupción, dijo el miércoles la procuraduría anticorrupción en un comunicado.
La procuraduría afirmó que el monto no puede ser cobrado mediante la incautación de su “pensión vitalicia” porque Fujimori desistió de cobrarla en su condición de expresidente y no cuenta con ningún bien o propiedad registrado a su nombre.
El indulto fue concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la Navidad del 2017, pero fue anulado o suspendido varias veces por tribunales menores debido a la presión de la Corte IDH y de los familiares de las víctimas de abusos.
La liberación de Fujimori ocurre cuando el país transita por una nueva turbulencia política, luego de que la Fiscal General denunciara constitucionalmente ante el Congreso a la presidenta Boluarte, por las decenas de muertes durante las protestas antigubernamentales a fines del año pasado y comienzos del 2023.
Fujimori, que se dedicaba en prisión a la jardinería y la pintura, deja en el penal a otros dos exmandatarios: Alejandro Toledo, investigado por corrupción, y Castillo acusado de rebelión tras intentar de forma ilegal disolver el Congreso.
El ex líder fue condenado por haber sido autor mediato de la matanza de 25 personas en los casos Barrios Altos en 1991 y la Universidad La Cantuta en 1992, ocurridos mientras su Gobierno luchaba contra la guerrilla izquierdista de Sendero Luminoso.
La familia Fujimori tuvo una fuerte influencia y relevancia política en las últimas tres décadas en el país.
Keiko, su heredera política, espera enfrentar un juicio por lavado de activos por supuestamente recibir aportes ilegales para sus campañas de la constructora brasileña Odebrecht.
La política, que lidera un partido que tiene la primera fuerza opositora en el Congreso, perdió una apretada elección presidencial el 2021 frente al ahora destituido exmandatario Castillo, en el tercer intento de ésta por llegar al poder.
Reuters.
