Sucedió en un supuesto incidente de tránsito ocurrido en la ruta 9 en 1977, durante la última dictadura. Se investiga posible atentado.
La muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León en un incidente de tránsito ocurrido en la ruta 9 en 1977, durante la última dictadura, será investigada como un posible atentado, confirmó hoy la Cámara Federal de Casación Penal.
El máximo tribunal penal del país confirmó la reapertura de la investigación de la muerte del obispo Ponce de León, que había sido declarada como un accidente de tránsito en 1978, según surge de la resolución.
Los jueces de la sala cuarta del tribunal de Casación rechazaron, por unanimidad, el recurso presentado ante esa instancia por la defensa del acusado Luis Antonio Martínez contra la decisión judicial que reabrió la investigación.
Posible atentado
La reapertura de la causa para ser investigada como un posible atentado había sido dispuesta por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario que hizo lugar al planteo de nulidad por cosa juzgada «írrita» (fraudulenta) respecto de la sentencia dictada por el Juzgado Departamental de San Nicolás.
Esa fue la decisión ratificada hoy por la Cámara Federal de Casación penal a través del fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.
El juzgado interviniente ponderó en 1978 que el caso se trató de un accidente vial: por ello, se condenó a Martínez a la pena de 6 meses de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación para conducir respecto a los delitos de homicidio culposo en perjuicio de Carlos Horacio Ponce de León y lesiones culposas en perjuicio de Víctor Martínez.
Prueba y jurisprudencia
La reapertura de la causa se inició a raíz del planteo efectuado por el fiscal de primera instancia en febrero de 2020, ocasión en la que solicitó la nulidad por cosa juzgada fraudulenta de la condena dictada en el año 1978.
Según la fiscalía, el supuesto accidente de tránsito en realidad se trató de una operación desplegada por parte de los órganos represivos de la dictadura. Al respecto, el acusador indicó que el Obispo Ponce de León fue objeto de operaciones de inteligencia y amenazas previo a su fallecimiento.
En lo medular, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal consideró que la defensa no logró rebatir los argumentos utilizados por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario para ordenar la reapertura de la investigación y valoró que la decisión se fundó en el análisis de la prueba colectada a la luz de los lineamientos emanados de la jurisprudencia nacional e internacional.
