Dámaris Julieth León Guamán, de 38 años y nacionalidad ecuatoriana, era trabajadora sexual
Dámaris Julieth León Guamán, originaria de Ecuador, fue hallada sin vida en el apartamento que alquilaba en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Fue su pareja quien alertó a las autoridades y ahora se encuentra bajo arresto e imputado por homicidio agravado por la relación en la Comisaría Vecinal 5B. La división de homicidios está llevando a cabo la investigación.
Sus compañeras ecuatorianas fueron las primeras en notar su desaparición. El lunes por la noche, al percatarse de que Dámaris no respondía a las llamadas ni estaba activa en WhatsApp, decidieron visitar su apartamento al mediodía del lunes, donde se encontraron con la presencia policial y fueron dirigidas a la Comisaría Vecinal 5B para ser informadas sobre lo sucedido.
Dámaris, quien tenía 38 años, trabajaba como trabajadora sexual en la zona de Constitución y había logrado obtener el reconocimiento de su identidad de género conforme a la legislación argentina. Vivía sola en Almagro, donde mantenía buenas relaciones con sus vecinos y se le veía paseando a sus dos caniches por el barrio. Sin embargo, algunos vecinos reportaron haber escuchado discusiones provenientes de su departamento cuando estaba con su pareja.
El velatorio se llevará a cabo en la sede de Casa Roja, en Constitución, a pedido de sus compañeras, mientras que sus hermanas están viajando a Argentina para poder despedirla.
Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres y Meretrices Argentinas en Acción por Nuestros Derechos (AMMAR), expresó en Instagram: “Tu comunidad en la Avenida Garay está de luto, tus hermanas ecuatorianas están en duelo, tus compañeras en Constitución estamos devastadas, llenas de rabia, cansadas de tantas muertes evitables. Te recordaremos por tu alegría, tus atuendos, tus bailes que mostrabas cada noche, tu participación destacada en la última marcha del orgullo en la carroza de Casa Roja, tu solidaridad en cada colecta, tu participación en las asambleas, tú y todos tus proyectos que te impulsaban a seguir adelante y apoyar a tu familia en Ecuador”.
Además, Orellano añadió: “Exigimos justicia y también políticas públicas que puedan brindar asistencia y apoyo a las compañeras que enfrentan situaciones de violencia de género. No queremos simplemente estadísticas mensuales de cuántas víctimas de travesticidios hay en nuestro país: necesitamos que el Estado intervenga antes y que no tengamos que lamentar más pérdidas”.
El martes sus compañeras se congregaron exigiendo justicia en la puerta de la comisaría donde se encuentra el único detenido por el travesticidio, que se suma a los 85 femicidios y travesticidios en todo el país que registró hasta la fecha el Observatorio Lucía Perez. Solo durante marzo ocurrieron 18 de estos hechos, con el agregado de 3 infancias asesinadas.
En el 2023, hubo una víctima de violencia de género cada 26 horas, según el informe de la ONG La Casa del Encuentro. Del 1 de enero al 31 de diciembre se produjeron 307 femicidios, 4 trans/travesticidios y 23 femicidios vinculados de varones.
El caso Dámaris, como mujer trans, migrante y prostituta no se escapa de la vulnerabilidad sistemática a la que están expuestas estas personas. Esta interseccionalidad queda en evidencia en distintos estudios como el que se realizó en el periodo de 2016 a 2021. En el que las jurisdicciones de todo el país revisaron las causas judiciales relacionadas con muertes violentas por razones de género. Siguiendo el Protocolo del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA).
Este estudio identificó que las víctimas de travesticidio/transfemicidio tenían un promedio de 32 años al momento del hecho, siendo más jóvenes en comparación con las mujeres víctimas de femicidio en el mismo periodo.
Además, un tercio de las víctimas eran de origen extranjero, principalmente de otros países latinoamericanos, y más de la mitad ejercicían la prostitución, una proporción mucho mayor que las víctimas mujeres cis. En cuanto a la relación con quienes cometieron los crímenes, la participación de parejas y ex parejas aparece en uno de cada cinco casos. Además, casi la mitad de las víctimas no había solicitado medidas judiciales de protección durante el período estudiado.
