Desde el 20 de marzo pasado, la planta se encuentra inactiva como consecuencia de la explosión producida en el sector donde se sintetiza atrazina. Mientras se aguarda que el Ministerio de Ambiente bonaerense emita el Certificado de Aptitud Ambiental, la compañía se ve asfixiada por altísimos costos fijos y pago de salarios.
De la redacción de EL NORTE
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El 30 de septiembre vence el acuerdo de suspensión de trabajadores que se firmara entre las autoridades de Atanor y la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas. La inminencia del cumplimiento de ese plazo profundiza el estado de angustia de los –aproximadamente- 130 empleados que desde hace exactamente seis meses están inactivos debido a la paralización de la producción impuesta por la Justicia tras la explosión que tuviera lugar en el sector de síntesis de atrazina, el pasado 20 de marzo.
Los 14 trabajadores del área siniestrada fueron desvinculados por la empresa, el 20 de agosto. Otros 9 se acogieron al programa de retiros voluntarios.
La falta de resolución del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires no hace más que jaquear la continuidad de la empresa en San Nicolás. Y agudizar la incertidumbre de los trabajadores. Para iniciar el proceso de reapertura de la planta, el organismo provincial debe emitir el Certificado de Aptitud Ambiental de Proyecto, que la compañía tenía en trámite (con pedido de renovación) mucho tiempo antes del accidente.
Si ello ocurre, Atanor podrá pedirle a la jueza Luciana Díaz Bancalari que levante el cese total de operaciones y lo sustituya por otra medida acotada al sector de atrazina.
Si el Ministerio de Ambiente no se expide al 30 de septiembre, el panorama para los trabajadores se podría oscurecer aún más. Desde Atanor admiten que sostener la plantilla de empleados en este contexto es cada día más complicado, mucho más por los costos fijos que debe seguir afrontando un establecimiento industrial de la magnitud de Atanor. “Si el escenario no cambia, va a ser muy difícil seguir sosteniendo esto”, afirman.
Los empleados, como se escribió más arriba, están protegidos hoy por un acuerdo de suspensión que vence en diez días. Ese acuerdo establece que los trabajadores perciben el 50 por ciento del salario.
El lunes de esta semana, el Sindicato solicitó una reunión con la jueza Díaz Bancalari. Hasta este jueves no recibieron respuesta. “Estamos en un estado de angustia total. No perdemos las esperanzas de que esto se resuelva. Pero somos conscientes de que el panorama podría empeorar”, afirman desde la organización sindical.