VACUNADOS VIP: LA CAUSA DUERME EN GARANTÍAS

El 2 de marzo la fiscal que actuara de oficio ante presuntas irregularidades en la campaña local de vacunación Covid declinaba continuar con la causa por entender que se trataba de un asunto federal. Remitió el expediente (y la prueba) al Juzgado de Garantías Nº 1 a cargo del juez Román Parodi, quien debe resolver la competencia. La causa sigue allí, mientras la sociedad exige verdad y reparación. Por estas horas continúan filtrándose nombres.

Los tiempos de la Justicia suelen ser, muchas veces, injustos. La sociedad reclama reparación en toda ocasión en la que se ha dañado el interés público. Y con las irregularidades detectadas en la campaña de vacunación que lleva a cabo el Hospital San Felipe vaya si se ha lesionado el interés colectivo al aplicar inmunizaciones a personas que no son consideradas prioritarias en la batalla contra la pandemia, mientras algunos de los soldados esenciales para combatir el virus debieron esperar para recibir la aplicación de la Sputnik V.
La investigación de este diario había destapado la olla que se transformó en escándalo cuando la agenda nacional se hizo eco de lo ocurrido en San Nicolás. La actuación de la fiscal Verónica Marcantonio resultó oportuna (y clave) para asegurar la prueba de lo que EL NORTE denunciaba. Ese material probatorio empezaba a confirmar lo investigado periodísticamente. Pero entonces la fiscal declinó continuar con la causa caratulada prima facie «Abuso de poder e incumplimiento de deberes de funcionario público» por considerar que es competencia de la Justicia Federal. Fue así que el 2 de marzo remitió el expediente (y la prueba) al Juzgado de Garantías Nº 1 a cargo del juez Román Parodi, quien debe resolver la competencia. Al viernes de la semana que hoy termina, desde el Juzgado de Garantías indicaron que la causa sigue allí. “Todavía está por resolverse”, fue la respuesta a la pregunta de este diario sobre si el expediente había sido remitido a la Justicia Federal.
Mientras tanto, la indignación de quienes respetaron la fila y el cacareo de los que pretenden defender lo indefendible sigue siendo tema central en la agenda de la calle. La gente pide nombres, pero también exige justicia. Y con absoluta razonabilidad, porque la justicia no es otra cosa que un servicio. Y cuando un servicio por el que se paga tanto no ofrece la contraprestación esperada, bueno, lo que genera es descrédito y (más) bronca.
Sin más información, todo indica que el juez Parodi enviará la causa al Juzgado federal a cargo del juez Villafuerte Ruzo. La investigación, de ser así, quedaría en manos del fiscal Matías Di Lello. Los tiempos de la Justicia Federal son, también, un escollo para la urgencia de reparación pública.
¿Qué sucedería en caso de que la Justicia Federal, por el motivo que considere, no tome la causa? Hay dos vías posibles: vuelve a la Justicia ordinaria, o bien se eleva a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Esto último podría representar la conminación del expediente a dormir el sueño eterno.

Más nombres
Mientras la causa sigue paralizada en el lugar donde debería avanzar, se siguen filtrando nombres de personas que habrían sido vacunadas cuando no estaban comprendidas entre los prioritarios de entonces. Cabe recordar que el período investigado por supuestas irregularidades está comprendido entre el 29 de diciembre y los últimos días de enero, cuando el protocolo de la campaña reducía la inmunización a intensivistas y personal de salud en contacto con pacientes Covid. Entre los nombres filtrados como posibles vacunados irregulares aparecen el del abogado Hernán Maggiori y su esposa Romina Cravacuore, empleada de la AFIP. También los de Antonio Ponte (farmacéutico y comerciante), Osvaldo Vega (constructor) y Carlos Lazarte (de oficio pintor). Hay muchos otros nombres en danza, abogados varios, y personas cuyo vínculo con el sistema de salud es nulo o fácilmente refutable. Lo concreto es que las situaciones irregulares son un hecho. Resta aún saber quién y cuándo se las va a investigar.