Este miércoles se cumple el plazo para que el juez de Garantías que reemplaza a María Eugenia Maiztegui resuelva el pedido elevado por la fiscal Viviani. En caso de que ordene las preventivas del dirigente de Camioneros como de Fernando Espíndola, en nada cambiará la situación actual de los imputados puesto que se encuentran detenidos. La decisión del juez Román Parodi se conocería cerca del mediodía.
De la Redacción de EL NORTE
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El 9 de mayo pasado, la fiscal María del Valle Viviani había elevado el pedido de prisión preventiva para Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, en el marco de una causa en la que los dirigentes de Camioneros están imputados por los delitos de «turbación de la posesión en concurso ideal con coacción en grado de tentativa, extorsión, y extorsión en grado de tentativa». La hipótesis que sigue la fiscal es la de una exigencia por parte de los gremialistas a los propietarios de la distribuidora Rey, para no volver a bloquear el ingreso y egreso a la planta ubicada en la localidad de San Pedro.
El pedido de preventiva para los imputados debía ser resuelto por la jueza María Eugenia Maiztegui, quien debió apartarse –transitoriamente– de la causa luego de sufrir un pico de estrés que derivó en licencia médica.
El juez de Garantías Román Parodi es quien ahora deberá resolver si ordena la prisión preventiva de los imputados que están detenidos en sede de la DDI desde el 8 de abril pasado. Con lo cual, de darse curso al requerimiento de la fiscal, en nada cambiará la situación de Cabaleyro y Espíndola. El argumento de Viviani para elevar el pedido de preventiva es que Cabaleyro y Espíndola podrían entorpecer la investigación en caso de transitar el proceso en libertad.
Politizada
La causa que se les sigue a Cabaleyro y Espíndola se ha politizado fuertemente la semana pasada, a partir del requerimiento que hiciera el diputado Leopoldo Moreau, presidente de la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, al solicitar a Viviani y Maiztegui una copia del expediente reservado. Moreau formalizó este pedido luego que los dirigentes de Camioneros, Hugo y Pablo Moyano, presentaran una denuncia por presunta intervención de un servicio de inteligencia aportando escuchas entre el abogado de Cabaleyro y su cliente.
El pedido de Moreau fue entendido como una intromisión de la política en un asunto judicial. Esto motivó que se hicieran públicos el apoyo desde distintas organizaciones, entre los que se destacan la Asociación Argentina de Fiscales (AAF) y la Sociedad Rural de San Pedro.
Sectores de la oposición al Gobierno también expresaron apoyos a los funcionarios judiciales. El intendente Manuel Passaglia, de Juntos por el Cambio, tuvo una postura dura contra el Sindicato de Camioneros: “Primero quisieron tomar de rehén a la ciudad y no pudieron. Ahora van por la Justicia, con la complicidad del Gobierno. Todo para garantizar la impunidad de dos referentes de Moyano. Argentina no tiene futuro por este camino”, escribió en su cuenta de Twitter.
En tanto, el diputado nacional Diego Santilli siguió el camino del intendente nicoleño. “La impotencia que siente @manupassaglia es la misma que sentimos los argentinos que estamos hartos del patoterismo y manoseo del kirchnerismo. Atacan al Intendente, impiden a los laburantes hacer su trabajo y ahora aprietan a la Justicia”, tuiteó el dirigente de Juntos por el Cambio.
Más tuits
Desde el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, el legislador Waldo Wolff también recurrió a la red social Twitter no solo para cuestionar el pedido de Moreau, sino para incluso vincularlo con supuestos pedidos del Presidente y la Vicepresidenta de la Nación. “Mientras distraen con peleas palaciegas, desde el Congreso ilegalmente aprietan jueces, que dictaminan en causa de los sindicalistas bloqueadores de Moyano. Lo digo con todas las letras: es Cristina, es Alberto y lo hacen a través de @MoreauLeopoldo. ¡Vamos a dar pelea! Sépanlo”, escribió Wolff.
Por su parte, los legisladores nicoleños de Juntos, Santiago Passaglia, Julio Pasqualin y Elisa Carca, emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su enfático respaldo a la jueza Maiztegui. En el texto, los legisladores expresan su “profunda preocupación por la inadmisible presión política que se ejerció sobre la Jueza María Eugenia Maiztegui”.
Finalmente, vía Facebook, el expresidente Mauricio Macri posteó: “Es lamentable que el kirchnerismo, en lugar de defender la integridad de las personas y de la empresa bloqueada (una más, en la larga lista de pequeñas empresas que sufren esta metodología mafiosa por negarse a pagar extorsiones), se ponga claramente del lado de los acusados utilizando artilugios legales para intimidar a la jueza con pedidos extemporáneos”, indicó.
La abogada Florencia Arietto, quien representa a la familia Rey, dueña de la empresa de San Pedro que fue bloqueada, anticipó que esta semana presentará en los tribunales de Comodoro Py una denuncia contra Moreau por obstrucción de justicia, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público porque “trata de interferir en una investigación” y “forma parte de una Comisión Bicameral, que debería tener mayoría opositora, para controlar los servicios de inteligencia de la actualidad y no los hechos que sucedieron antes, que tiene que investigar un juez”.
