“El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra salud no puede demorarse más”


El Poder Ejecutivo nacional anunció esta semana el envío a Diputados de un nuevo proyecto de Ley de interrupción voluntarias del embarazo, que podría tener media sanción antes que termine 2020. La iniciativa que en 2018 se frustrara en el Senado vuelve a instalarse como debate fundacional de una nueva sociedad en materia de derechos. En San Nicolás, el colectivo feminista «Chanas Socorristas en Red» hace dos años viene acompañando a mujeres que no quieren seguir adelante con un embarazo no deseado. “El momento de aprobar el aborto seguro, legal y gratuito es hoy. Es un derecho que acabará con el sufrimiento de miles de mujeres”, cuentan Bernardita Rimoldi y Jésica Ullúa.


Guillermo Insúa
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El gobierno nacional envió al Parlamento -ésta semana- el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para que sea tratado inicialmente en Diputados, la Cámara que en 2018 aprobara tras un largo debate la posibilidad de que las personas gestantes puedan ponerle fin a un embarazo no deseado dentro de un período determinado a partir de la gestación. La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento del conjunto de espacios progresistas y el rechazo de sectores conservadores, atraviesa a la sociedad en su conjunto desde el momento que pone en debate la ampliación de un derecho de las mujeres: el de decidir sobre sus cuerpos de manera segura y legal. Hoy ese derecho es criminalizado y, por lo tanto, conminado a la clandestinidad y a prácticas que ponen en riesgo la salud de las personas gestantes.
Ante cualquier posicionamiento moral, científico o religioso es preciso entender que –de aprobarse- la Ley de IVE no obligará a ninguna mujer a interrumpir su embarazo sino que configura un contexto seguro y legal para quienes desean no continuar con el proceso de gestación. Hoy, como desde hace muchos años, el aborto es una realidad que expresa la desigualdad de acceso a un mismo derecho en virtud de que las mujeres gestantes con recursos económicos pueden practicarse un aborto seguro. Las que no tienen esa posibilidad terminan haciéndolo en sitios clandestinos donde ponen en riesgo la salud de sus cuerpos.
“Se ha dado un paso muy importante con la presentación de este nuevo proyecto. Es algo que veníamos exigiendo desde hace varias semanas porque fue una promesa que el Presidente Alberto Fernández hizo en campaña. Creemos que no se puede dilatar más la aprobación de un derecho que tenemos las mujeres”, cuenta Bernardita Rimoldi. “Este nuevo proyecto tiene varias similitudes con el que se debatió en 2018. Pero también difiere en varias cuestiones en relación al que presentó la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal. Lo que esperamos ahora es que ambos proyectos se pongan sobre la mesa y de allí pueda surgir la mejor Ley posible”, apunta Jésica Ullúa.

Chanas, un lugar
Bernardita y Jésica son miembros de «Chanas Socorristas en Red», un colectivo feminista que no sólo milita el aborto legal, seguro y gratuito desde una acción teórica sino que desde la práctica ha acompañado a cientos de mujeres de San Nicolás y otras ciudades que han querido avanzar con la interrupción de un embarazo.
“Lo que hacemos es difundir un contacto para que las mujeres que desean interrumpir un embarazo puedan acercarse a nosotras. En Chanas van a encontrar a un grupo de feministas dispuestas a escucharlas, asesorarías y acompañarlas en un momento donde la angustia y los miedos son muy fuertes. Les brindamos información pública, ya sea de la OMS como del Ministerio de Salud de la Nación que tiene un protocolo de ILE y da pautas para un aborto seguro a partir de medicamentos como a través de la aspiración intrauterina. Son métodos seguros y recomendados por el Ministerio”, cuenta Bernardita. “Consideramos que no sólo es importante brindar toda la información posible sino también acompañar a la mujer en ese momento tan difícil”, agrega.
El trabajo de «Chanas, Socorristas en Red» se instrumenta a partir de sistematizaciones, esto es, que ante cada contacto que reciben se genera una base de datos que contempla variables como nivel educativo, situación laboral, lugar de residencia, entre otras cosas. “Nos hemos dado cuenta que todas esas variables ayudan a configurar un mapa que nos permite expandirnos cada vez más al momento de brindar acompañamiento. A partir de sistematizar esa información caímos en la cuenta que las mujeres que piden ayuda no se reducen a un determinado nivel socio económico sino que están diseminadas por toda la ciudad y se pertenecen a distinta condición socioeconómica. También las edades varían mucho puesto que van desde los 15 a los 46 años de edad. Algunas de ellas tienen hijos y otras ya han pasado por algún aborto”, revela Jésica. “Contemplamos esa diversidad y la incorporamos a nuestra tarea porque así disponemos de mayores herramientas al momento de brindar acompañamiento. La experiencia nos dice que la mujer que desea interrumpir un embarazo puede estar muy cerca o bien un poco más lejos. Y queremos estar con todas ellas”, agrega Bernardita.

Puntos en común
Entrevistadas por periodistas del programa «Pila y Media» (Radio U), Bernardita y Jéssica comparten que el proyecto de IVE presentado por el Gobierno establezca el período de 14 semanas de gestación como punto límite para la interrupción de un embarazo. “También es interesante saber que después de las 14 semanas se puede interrumpir un embarazo en los casos que apliquen las causales por las cuales desde hace casi cien años el aborto es legal en la Argentina”, explica Barnardita. En efecto, en Argentina el aborto es legal desde 1919 en situaciones donde esté en riesgo la vida o la salud física o mental de la persona gestante, como también en casos de violación e inviabilidad fetal.
Otro de los artículos del proyecto oficial de IVE que fue bien recibido por la militancia del aborto legal, seguro y gratuito es el que propone que la práctica sea realizada en el sistema de salud público, privado y de obras sociales, reconociendo la plena autonomía y el derecho de las mujeres a resolver el dilema de un embarazo no deseado y no ser sometidas a una maternidad forzada.
“El proyecto contempla que las obras sociales estén obligadas a garantizar todo el proceso, desde la primera consulta hasta el post aborto. Es decir que se debe facilitar la práctica de todos los estudios que se requieran, el acceso a la medicación como también los estudios posteriores. Pero además se debe garantizar un acompañamiento psicológico si la persona así lo desea”, celebra Jésica Ullúa.

Objeción de conciencia
El artículo que más debate genera entre los defensores del IVE es el de la objeción de conciencia, un derecho de los médicos a negarse a realizar la práctica del aborto. En caso de que así sea, el profesional debe asegurar que la práctica se realice, en plazos inmediatos, por otro médico y en una institución que garantice la seguridad de la persona gestante.
“Es un punto de choque. Tiempo atrás el proyecto de la Campana Nacional contemplaba esa posibilidad, hasta que nos dimos cuenta que se dejaba de lado a muchos profesionales que por circunstancias ajenas a lo ético o lo moral se pueden negar a realizar la práctica. Creemos que es algo a debatir más profundamente porque de lo contrario deja desprotegidos a esos profesionales. Hoy una parte de la Campaña pide que se establezca un listado de objetores para que la persona que acuda a un centro médico sepa de antemano con quién se puede atender y así no se dilate el proceso”, sostiene Jésica.
“Esperamos que el tratamiento del proyecto no se vea demorado porque el debate ya se dio durante todo 2018. Entiendo que en aquel momento se saldó gran parte de la discusión. Somos conscientes que hay distintos matices en la sociedad, y que todas las posturas se han revelado en las calles. Nosotras seguiremos saliendo a defender públicamente lo que consideramos es también un proyecto de vida puesto que defiende la autonomía de las mujeres, de nuestros cuerpos, de nuestras decisiones. Necesitamos ser iguales en materia de derechos”, sostiene Bernardita Rimoldi.