La maldición de los diamantes sangrientos


Los llamados "diamantes de conflicto" o "diamantes sangrientos", son piedras en bruto que han sido relacionadas con las guerras en Sierra Leona, Angola, Liberia, República Democrática del Congo y la República Centroafricana.
Los defensores de los derechos humanos alegan que grupos guerrilleros en esos países usan los miles de millones de dólares procedentes de la venta de los diamantes de las minas que controlan para comparar armas y financiar guerras. Se estima que los diamantes contrabandeados desde zonas en conflicto representan sólo el 5% del total en circulación. Aun así, su impacto en las guerras parece ser considerable. Mark Doyle, analista de la BBC, señala que no es coincidencia que tres de las guerras más sangrientas de África -Angola, Sierra Leona y R. D. del Congo- hayan tenido lugar en países productores de diamantes. Se estima que por lo menos 800.000 personas murieron durante los 27 años de guerra en Angola, donde los rebeldes controlaban vastas zonas diamantíferas.
El conflicto en la R. D. del Congo ha causado la muerte de más de dos millones de personas a raíz de la violencia, el hambre y las enfermedades, según estimaciones de organismos de ayuda.

Paliativos
En un intento de frenar uno de los principales "motores" de la guerra en África, en 2003 entró en vigor un acuerdo de certificación conocido como Proceso Kimberley (el nombre de una localidad de explotación de diamantes en Sudáfrica). El plan es producto de años de negociaciones y fue acordado en una conferencia internacional en la ciudad suiza de Interlaken, a la que asistieron cancilleres de más de 30 países. El sistema exige a los países africanos la exportación de diamantes con una certificación de "libres de conflicto", mientras que los países importadores se comprometen a adquirir en el mercado internacional sólo diamantes certificados. También se contemplan reglas para verificar el origen de diamantes ya cortados, pulidos y en manos de fabricantes de joyas. En el Proceso Kimberly participan 49 miembros que representan a 75 países. El Proceso Kimberley contempla reglas para verificar el origen de diamantes ya cortados y pulidos. Algunas organizaciones humanitarias han criticado al Proceso Kimberley señalando que la certificación de los diamantes no debe ser responsabilidad de los países productores, sino ser verificada por un organismo independiente. Señalan que sin verificación independiente, los certificados mismos serán objeto de un comercio ilegal.
Según un informe publicado por Global Witness (organización que llama la atención sobre la relación entre recursos naturales y violaciones de derechos humanos), el comercio de la piedra preciosa sigue financiando conflictos armados, sobre todo en África. La organización indicó en su investigación (hecha en Estados Unidos) que la mayoría de los lugares que venden diamantes al por menor no pudieron demostrar que tienen controles claros para frenar el comercio de piedras que puedan financiar conflictos armados.
¿Cómo saber si un diamante es "sangriento"? A pesar de que el Proceso Kimberley no hace certificaciones individuales, en su sitio de internet ha publicado una leyenda llamada "Sistema de Garantías" (que complementa pero es distinta del proceso) que deberían tener todas las facturas de diamantes provenientes de joyeros confiables. La leyenda asegura que el diamante facturado "fue comprado de fuentes legítimas no implicadas en la financiación de conflictos y de conformidad con las resoluciones de Naciones Unidas. El abajo firmante garantiza que estos diamantes están libres de conflicto, basado en el conocimiento personal y/o garantías por escrito presentadas por el proveedor de estos diamantes". En tanto, Amnistía Internacional y Global Witness publicaron una guía con preguntas para formular a los vendedores, como ¿puedo ver una copia de la política de su compañía sobre los diamantes de zonas en conflicto? o ¿puede mostrarme una garantía escrita de su proveedor de diamantes que demuestre que la pieza no procede de zonas de guerra? Las organizaciones defensoras de los derechos humanos confían en que las preguntas de los consumidores sean un paso más en la lucha contra los "diamantes sangrientos".