Judiciales reclaman por usos de fondos del IOMA que plantea el proyecto de presupuesto 2021 


El proyecto de ley para el año próximo “vuelve a contemplar la apropiación por parte del Ejecutivo de los recursos del IOMA”. “Son de las y los trabajadores estatales bonaerenses que los aportamos a la obra social para cubrir nuestras necesidades de salud. Además el superávit fue construido artificialmente a partir de las bajas en las coberturas”, indicó en diálogo con EL NORTE Analía Maiztegui desde la AJB local.


“De aprobarse en la Legislatura, el art. 66 de la Ley de Presupuesto presentada por el Gobierno provincial permitirá al Ejecutivo contabilizar como recurso propio el superávit del IOMA al cierre del ejercicio financiero, desnaturalizando de esta manera la finalidad médico asistencial de los aportes realizados a la obra social por las y los trabajadores del Estado bonaerense”, marcan desde la Asociación Judicial Bonaerense.De manera similar a la medida implementada en diciembre de 2017, el artículo mencionado introduciría una modificación a la Ley 6982 del IOMA, otorgando al Poder Ejecutivo la potestad de hacer uso del superávit para aplicarlo a “proyectos de acceso a la salud” destinados para el conjunto de la población.
La secretaria general de la AJB San Nicolás Analía Maiztegui expresó a EL NORTE: “Rechazamos la inclusión de un artículo en la Ley de Presupuesto que fue enviada a la Legislatura que habilita al Gobierno provincial a contabilizar como recursos propios, los fondos provenientes del superávit del IOMA. Esos recursos son de las y los trabajadores estatales bonaerenses que los aportamos a la obra social para cubrir nuestras necesidades de salud. Además ese superávit fue construido artificialmente a partir de las bajas en las coberturas. Por ejemplo, no hay actualización en el monto de la cobertura de los medicamentos desde hace más de un año. La obra social pone menos dinero y los afiliados cada vez más. Además, IOMA autorizó el aumento del copago a los profesionales. El Instituto no cubre ese monto de su bolsillo ni los coseguros de nuestros sindicatos. A eso hay que sumarle la problemática local que se replica en muchos lugares de la Provincia, de los cobros indebidos por parte de los profesionales, muy por encima de los valores autorizados”.

Acompañamiento de otros gremios
“El IOMA es la obra social de los estatales y ninguna ley puede permitir que el Estado, aprovechándose del manejo administrativo de los recursos del IOMA, desvíe esos recursos para otros fines. Los fondos pertenecen al IOMA y por ende a las y los trabajadores del Estado, que somos sus financiadores y titulares del patrimonio público no estatal, colectivo e indiviso de la obra social”, señaló Oreste Poggi, representante de la AJB en el Consejo Consultivo Gremial ante el IOMA.El director general de Administración del IOMA, Gustavo Martínez, manifestó ante el Consejo Consultivo que al finalizar el ejercicio actual la obra social tendría un superávit aproximado de 8000 millones de pesos.Así, la AJB manifestó su rechazo a esa medida, en una reunión convocada por el Gobierno provincial donde se presentaron las principales características del Presupuesto 2021. Ese reclamo fue acompañado durante el encuentro por otros gremios estatales, tales como ATE, Suteba y la FEB.

Denuncias
“Por más importante que sea, ni la Ley de Presupuesto ni ninguna otra puede modificar el carácter autónomo del IOMA consagrado en la Constitución Nacional y Provincial, cuyos recursos deben estar destinados a cubrir los gastos por enfermedades de los y las trabajadoras estatales”, explicó Poggi.Por su parte, la AJB denuncia que ese superávit está artificialmente construido porque tiene su origen en la disminución de las coberturas a las y los afiliados del Instituto. Entre otras cuestiones, la cobertura de medicamentos representa el 35% de su costo real (la mitad de su valor histórico), los reintegros tienen atrasos de más de un año y recientemente la obra social dispuso un incremento de los copagos de los honorarios. “Es decir, que los ahorros del IOMA –pasibles de ser apropiados por el Estado– se financian con una mayor carga sobre los salarios y coseguros de las y los trabajadores”, sostienen.