Intendentes en la trinchera ante la salida de presos por decisión judicial 


Unos 1400 presos del Servicio Penitenciario Bonaerense se fueron a su casa a cumplir con arresto domiciliario, aunque no todos por la pandemia. Según el fallo de Casación, no tendría que haber ni violadores ni asesinos. Pero los hay. Por eso la preocupación en los jefes comunales que piden racionalidad a la Justicia. “La Justicia debe explorar otras alternativas antes de tomar la decisión de dejar en libertad o enviar al domicilio a alguien que le causó daño a la sociedad”, pidió Manuel Passaglia. Ese mismo reclamo se repite en el resto de las comunas bonarenses.


Casi nadie piensa en que el recluso haya reencausado su vida o que vaya camino a eso. Nada más lejano. El común de la gente piensa todo lo contrario. Por eso el miedo al regreso del preso a su casa. El mismo miedo lo tienen los intendentes del interior y el Conurbano, del oficialismo y la oposición. Por eso el escándalo. Si en el marco de la libertad o arresto domiciliario de la polémica se les ocurre reincidir, ¿quién se hace cargo?, se preguntan los jefes de Gobierno municipal.La resolución firmada por el juez de Casación, Víctor Violini, es clara. No habla de libertad, sino de prisión domiciliaria, destaca que será durante el período de vigencia del aislamiento y solo para la población de riesgo detenida por delitos leves. Pero los jueces de ejecución penal manejaron diversos criterios. Los números estimativos indican que en la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación de unos 1400 detenidos que se encontraban alojados en penales y comisarías, según calculan en la Procuración que encabeza Julio Conte Grand. Por si fuera poco, se encuentran vigentes pedidos de otros 1300 presos. Y no todos por la pandemia.En la trinchera, haciendo frente al pánico de los vecinos y a la ola de rumores, los jefes comunales son la primera ventanilla para el reclamo.
A la crisis sanitaria y económica le tienen que sumar el tema de los presos. La pregunta es: ¿quién se hace cargo si a alguno o algunos se les ocurre reincidir?"Nos preocupa lo que está sucediendo, todos sabemos que las cárceles no están en las mejores condiciones, pero creo que la Justicia debe explorar otras alternativas antes de tomar la decisión de dejar en libertad o enviar al domicilio a seguir cumpliendo una condena a alguien que le causó daño a la sociedad", expresó el intendente Manuel Passaglia."Mientras la decisión de la Justicia es liberar presos, nuestra decisión como Estado es acompañar a mujeres, niños y a todas las familias que puedan salir perjudicadas por esta medida judicial, que no compartimos", agregó el titular del Ejecutivo local.

Otros rechazos
Muchos otros jefes comunales se plantaron en el mismo tono. “Robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad, venta de drogas, son solo algunas de las causas por las que estaban detenidos más de 20 presos que volvieron estos días a San Miguel”, se despachó el mandamás de San Miguel, Jaime Méndez, y agregó que “los jueces que toman esas decisiones y aquellos que impulsan este tipo de políticas, como mínimo, le están faltando el respeto a la inmensa mayoría de vecinos honestos que quieren y merecen vivir en paz”, cerró.El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, también fue muy directo. “Manifiesto públicamente mi rechazo a la decisión de autoridades del Poder Judicial de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a reclusos que actualmente cumplen su condena en establecimientos penitenciarios”, dijo Alessandro en sus redes, al tiempo que repudió “la falta de información de parte de los tribunales superiores de la Justicia hacia las instituciones locales”. “Los vecinos están muy enojados y asustados”.
Por su parte, el mandamás de Chivilcoy, Guillermo Britos, que además es ex Comisario general, reflexionó que “los detenidos por delitos graves no deben tener ninguna morigeración y que los jueces deben ser responsables antes de otorgar libertades abusivas. Primero las víctimas y sus derechos”. Y consultado por si estaba enterado de la vuelta de algún recluso al pago, respondió que “hasta ahora no”, y destacó que “tampoco hay forma de saberlo”. Los que tienen penalesPara San Nicolás la salida de presos tiene un agravante en virtud de que la ciudad tiene una cárcel que aloja a personas oriundas de esta ciudad. También en Mar del Plata hay preocupación, sobre todo en torno a los varios liberados de la Unidad 15 de Batán (máxima y media seguridad), la gran mayoría con domicilio en La Feliz. "Esto es una locura. No le encuentro explicación desde lo político, nunca leí en ningún libro penal que hable de esto ante una pandemia", señaló en el marco de una conferencia de prensa el mandamás local, Guillermo Montenegro.
Lo propio sucede en Olavarría, donde funciona el famoso penal de Sierra Chica, aunque la mayoría de las domiciliarias se otorgaron en marzo. En total, accedieron al beneficio unas 112 internos: 53 estaban alojados en la Unidad 38; 42 de la Nº 27 y 17 de la Nº 2. Y el intendente Ezequiel Galli dijo lo suyo. “No estoy de acuerdo con que haya liberaciones masivas por la pandemia. Creo que el Gobierno nacional y provincial deben trabajar para brindar las garantías necesarias sabiendo que existen problemas de sobrepoblación y brindarle a los detenidos las medidas de seguridad”.