Malestar entre las empresas de consumo masivo


Después de las inspecciones que tuvieron días atrás, once compañías recibieron una nueva notificación oficial con mayor pedido de información. Se las acusa de haber bajado los niveles de producción de algunos productos.


Las empresas se enteraron ayer a partir del comunicado oficial. Luego, confirmaron que habían recibido una notificación de la Secretaría de Comercio Interior en la que se las intimaba a brindar información acerca de los niveles de producción y facturación de determinados productos. Ya habían recibido inspecciones semanas atrás en la misma línea, pero el Gobierno avanzó un paso más en su afán de querer lograr la mayor cantidad de producción y abastecimiento posible, aun en el actual contexto de pandemia y con la norma de Precios Máximos todavía vigente.
Si bien las inspecciones que habían tenido previamente los habían alertado sobre lo que podría llegar, la decisión de enviar un comunicado a los medios y exponerlas públicamente generó un fuerte malestar en el mundo del consumo masivo, más aún cuando se trató de un sector con precios prácticamente pisados durante todo el 2020 y que, pese a ello, no ha generado desabastecimiento. También sorprendió en las compañías que esta intimación haya llegado a los pocos días de la reunión, el jueves pasado, del Gobierno con los CEO de las principales empresas del país entre los que estaban incluidos los presidentes de las que hoy fueron notificadas.En el comunicado, la dependencia que dirige Paula Español afirmó que lo que envió a once empresas de alimentos, cosmética y limpieza fue una imputación, es decir, una acusación en torno a un incumplimiento de una norma. “La Secretaría de Comercio, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”, dice el primer párrafo del texto.
Sin embargo, Infobae consultó a la mitad de estas empresas y en ningún caso –según dijeron– se trata de una imputación. El pedido enviado a las firmas está destinado a que “acredite de forma fehaciente ante esta Subsecretaría en el plazo perentorio de CINCO (5) días hábiles haber incrementado su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y arbitre las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión de los productos mencionados precedentemente a los niveles efectuados en el período de noviembre 2020″. En cada caso, se hace referencia a determinados ítems.
“Nosotros estamos muy tranquilos. Les veníamos contando cuando tuvimos problemas de producción; algunos productos son elaborados por pymes, que en este contexto producen como pueden. Hay un tema que tiene que ver con priorizar la fabricación en un contexto donde hay plantas paradas y bajas de producción. Pero nosotros estamos produciendo al 100% de la capacidad. Es todo muy poco claro y muy político”, remarcaron en una de las compañías.En otra explicaron: “Es un proceso administrativo que tenemos que contestar. No hay multa. En nuestro caso, son dos productos y se debe a cuestiones estacionales”. “No se busca multar a las empresas, sino que vuelvan a producir”, aseguran en la cartera productiva.
Tras la reunión hoy del gabinete económico, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que la investigación se inició por “comentarios” que les llegaron de desabastecimiento en algunos supermercados. “El problema no era en los supermercados, sino del abastecimiento”, continuó el ministro, quien agregó que “la imputación busca que esto no se vuelva a producir. Es una gran preocupación del Gobierno de que no falte ningún producto importante en la mesa de los argentinos”, apuntó.
De cualquier manera, si el Gobierno quisiera avanzar con el proceso administrativo en algún caso, las multas podrían alcanzar los $10 millones.