La titular del Juzgado en lo Correccional 3, Luciana Díaz Bancalari, dio curso al habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria, tras constatarse el deterioro de las condiciones materiales, regímenes de aislamiento extremo, deficiente atención médica y falta o irregular provisión de comida por parte de la empresa tercerizada.
De la redacción de EL NORTE
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Las condiciones generales de detención en la UP 3 de San Nicolás vulneran los derechos de los detenidos y perpetúan el deterioro de esos establecimientos al desoír las resoluciones judiciales que se acumulan con órdenes de refacción, restablecimiento de servicios, contratación de personal profesional faltante o regímenes de vida que violan los derechos humanos.
A raíz del monitoreo realizado por la Comisión Provincial de la Memoria, se relevaron una serie de problemas graves que afectan la cotidianeidad y las circunstancias de vida en el encierro, particularmente en el pabellón 2 de estudiantes y trabajadores: malas condiciones materiales, aislamiento extremo sin salidas a patio o actividades educativas y recreativas, deficiente acceso a la atención médica y falta de comida.
Asimismo, las instalaciones eléctricas son extremadamente precarias con riesgo de electrificación, más aun considerando que los detenidos se bañan en sus celdas y allí están los cables expuestos. No hay elementos de limpieza y conviven con olores nauseabundos, roedores e insectos; hay humedad en colchones y almohadas y faltantes de vidrios en las ventanas lo que agrava los efectos de la falta de calefacción en las celdas.
También se detectó la falta de provisión de gas en toda la unidad penal, producto de la rotura de un caño maestro en las inmediaciones del establecimiento lo que hizo que se interrumpiera el suministro de forma permanente.
Frente a ese escenario, la CPM solicitó que la jueza interviniente, Luciana Díaz Bancalari, se constituyera en el establecimiento y constatara esas condiciones, además de la designación de perito ingeniero que verifique el agravamiento de las condiciones materiales y un perito especializado en seguridad e higiene, entre otros especialistas, para determinar las medidas a tomar.
Respecto a las condiciones materiales de la unidad en general, la magistrada advirtió que desde el año pasado tramita ante el mismo juzgado otra acción de habeas corpus sobre los problemas que acarrea el establecimiento penitenciario y que afecta los derechos de las personas allí alojadas, incluyendo el pabellón 2 de trabajadores y estudiantes.
Acerca de otras problemáticas generales de la Unidad Penal 3, la jueza señaló que también existen actuaciones previas en trámite ante otros juzgados del departamento judicial, lo que evidencia la constancia de los agravamientos y la desidia de los responsables penitenciarios.
De toda la prueba recabada, para Díaz Bancalari resultó evidente que “las condiciones de detención en el pabellón n° 2 de la Unidad Penal N° 3 se hallan agravadas en virtud de la superpoblación, las condiciones edilicias, el encierro prolongado y el deficitario acceso a la salud (que presenta las falencias acreditadas en los informes agregados en fecha 28 de junio y 10 y 11 de julio de 2024), el estado de las instalaciones en general, y especialmente de electricidad y de gas”.
Por esos motivos resolvió hacer lugar al habeas corpus de la CPM y ordenó al director de la UPº 3 que se deberá proceder a la reparación urgente del sector de duchas y a confeccionar un nuevo cronograma de salidas de los detenidos al patio.
También mandó a solicitar al Ministerio de Justicia y a la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria la contratación de un profesional de psiquiatría para la atención de los detenidos así como la provisión de los psicofármacos requeridos para cada tratamiento; regularizar el servicio de alimentación a cargo de la empresa proveedora Ridans; y avanzar en las obras necesarias para contar con calefacción adecuada, disminuir los niveles de humedad y asegurar instalaciones eléctricas seguras y eficaces.
La Unidad N° 3 tiene un cupo para 358 personas pero aloja 889, lo que implica una sobrepoblación del 158 %.
La jueza ordenó al director de la UPº 3 que se deberá proceder a la reparación urgente del sector de duchas y a confeccionar un nuevo cronograma de salidas de los detenidos al patio.