Organizaciones sociales y ambientales critican que las políticas promovidas ignoran los impactos ambientales y sociales en las regiones productoras.
La trayectoria de Flavia Royon, exsecretaria de Energía de la Nación, se encuentra en el centro de las críticas por su rol en el impulso del modelo extractivista minero en el país, especialmente en la industria del litio. Su vínculo con los intereses empresariales quedó evidenciado tanto en su gestión como secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio, integrada por Salta, Jujuy y Catamarca, como en su consultora Minenco, la cual asesora a multinacionales del sector.
A través de Minenco, Royon ha facilitado vínculos entre el gobierno y empresas como Rio Tinto y Glencore, lo que despertó sospechas sobre posibles conflictos de intereses. Además, su relación con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, refuerza esta postura. Sáenz, defensor de la minería como motor de desarrollo provincial, respaldó públicamente a Royon tras su salida del cargo, generando críticas por priorizar las ganancias de grandes corporaciones sobre los derechos de las comunidades locales.
En paralelo, Royon integra el directorio de Zelandez, empresa de tecnología extractiva, lo que acentúa cuestionamientos sobre la transparencia y ética en sus decisiones. Organizaciones sociales y ambientales critican que las políticas promovidas ignoran los impactos ambientales y sociales en las regiones productoras, priorizando el crecimiento económico empresarial sobre las necesidades locales y los derechos de los pueblos originarios.
El modelo promovido por Royon y Sáenz subraya las tensiones entre las políticas públicas y los intereses privados, planteando interrogantes sobre los beneficios reales para las comunidades afectadas por la expansión minera.