La decisión de la Corte, que contó con el voto en disidencia de Elena Higton, le dio a la Jefatura de Gabinete de la Nación un plazo de cinco días para que conteste y aporte las pruebas que considere pertinentes.
La Corte Suprema de Justicia se declaró este lunes competente para analizar la presentación de la Ciudad de Buenos Aires contra la suspensión de las clases presenciales en el distrito y anticipó que le dará un trámite acelerado al expediente para resolver la cuestión.
La resolución de los ministros de la Corte se conoció en una jornada en la que se observó un alto acatamiento al paro docente en las escuelas de gestión pública de la ciudad y actividad dispar en los establecimientos privados.
La disputa por la presencialidad se centró en el ámbito judicial tras un fallo de la Cámara de Apelaciones que el domingo avaló la vuelta a las aulas pese al decreto que ordenaba volver a la virtualidad en el AMBA frente a la exponencial suba de contagios de coronavirus, a lo que hoy se sumó la decisión de la Corte de asumir la competencia en el litigio.
Si bien la Corte no tiene plazos para expedirse, anticipó, a través de la resolución que firmaron los cinco ministros, que hará un tratamiento acelerado en los términos que permite el Código Civil y Comercial de la Nación, para que los magistrados resuelvan “de oficio” y como “primera providencia”, si “la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida” lo permite.
Planteo judicial
En principio, el planteo del jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, logró un dictamen favorable de la procuradora de la ciudad Laura Monti, que ayer determinó que la Corte está facultada para entender en la presentación que realizó el Gobierno de CABA.
Tomando ese dictamen, la Corte intervino y señaló que fallará al respecto, aunque luego de que el Gobierno nacional ofrezca, dentro de un plazo de cinco días, sus argumentos de por qué estableció en el decreto 241 que deben suspenderse las clases presenciales en el AMBA.
Otro capítulo de la judicialización de las medidas contra el coronavirus se libró en la Justicia porteña con la resolución de la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario, que dispuso anoche el retorno de la presencialidad educativa en la ciudad.
El pedido de la Procuración
Ante esta decisión, la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, pidió la inhibitoria de la Justicia porteña y que se mantenga la aplicación del decreto presencial.
El planteo de la Procuración fue presentado ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2, cuyo titular es el juez Esteban Furnari.
