La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió su reporte semestral de Libertad de Prensa, en el que repasó los avances y retrocesos de la libertad de expresión que vivió la Argentina desde el regreso de la democracia. El documento fue presentado en el marco de la 62ª Asamblea anual de la entidad, que se está realizando en la ciudad de Posadas con participación de EL NORTE.
El informe reseña cómo en las últimas cuatro décadas hubo etapas de involución, como el período entre 2008 a 2015 –anticipada por algunos hechos de gravedad desde 2003– y momentos en los que se dieron pasos relevantes para ampliar o consolidar niveles de esa libertad que permitieron al periodismo desarrollarse con el vigor que requiere el ejercicio de sus funciones.
“La reforma constitucional de 1994 consagró la protección de las fuentes de información después de largos debates en los que se desecharon proyectos que iban en un sentido contrario. Un año antes se había eliminado la figura del desacato y, con el paso de los años, se sumaron otros importantes adelantos, como la despenalización de las calumnias e injurias en 2009, y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que rechazaron el uso de la publicidad oficial como castigo por la línea editorial de un medio”, señaló Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, durante la lectura del documento, en el marco de la asamblea anual de la entidad que agrupa a los medios argentinos, y que se está llevando a cabo hasta hoy en la capital de Misiones. El informe fue aprobado por unanimidad por los representantes de los medios de todo el país.
Otro de los hitos fundamentales de las cuatro décadas de democracia fue la sanción en 2016 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Hasta ese año, la Argentina era uno de los únicos tres países de Sudamérica que no tenía una ley de ese tipo, junto con la Bolivia de Evo Morales y la Venezuela de Nicolás Maduro. “Resulta preocupante, entonces, el reciente decreto del Poder Ejecutivo por el cual se incorporan excepciones que abren las puertas a un angostamiento del nivel de acceso a información por parte del periodismo y la ciudadanía en general”, advirtió ADEPA en su informe.
“Estas limitaciones –agregó Dessein– van a contramano de los estándares constitucionales e internacionales en la materia. Se trata de modificaciones que, por su ambigüedad y amplitud, chocan con el espíritu de una norma que consagra principios de “máxima divulgación” y establece excepciones de alcance limitado”.
En ese mismo punto, el informe de ADEPA destacó que los funcionarios tienen derecho a resguardar su privacidad, y que hay aspectos específicos de la gestión gubernamental que, por su naturaleza, pueden quedar fuera del conocimiento público. “Pero en los regímenes democráticos estas excepciones deben ser de alcance restringido, justificado y transitorio. La transparencia es la regla; el secreto, la excepción”, puntualizó.
Los funcionarios públicos asumen voluntariamente la carga de un amplio grado de visibilidad personal. Y a mayor jerarquía, mayor exposición. Aspectos de la vida privada –la salud, las relaciones personales, el esparcimiento–, cuando pueden afectar la gestión o tocar intereses públicos, entran dentro de la órbita de cuestiones que la ciudadanía tiene derecho a conocer.