En sesión ordinaria realizada este jueves, el edil del oficialismo Agustín Barba presentó una iniciativa vinculada a la seguridad. La medida apunta a “llenar el vacío legal que hoy existe respecto a la utilización de estos cercos eléctricos en el tejido urbano” de nuestra ciudad.
De la redacción de EL NORTE
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Este jueves tuvo lugar la segunda sesión ordinaria del mes de agosto en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Nicolás. En ese sentido, entre los diferentes expedientes que tuvieron ingreso, figura la propuesta del edil oficialista Agustín Barba para conformar un marco jurídico que contemple la instalación de cercos “eléctricos o barreras de disuasión” en las viviendas nicoleñas. Luego de que el cuerpo deliberativo diera el voto afirmativo al ingreso, la iniciativa ahora deberá ser tratada por la comisión de Legislación General.
Entre los considerandos, el concejal propone establecer los criterios de operación, reparación, mantenimiento y remoción de estos instrumentos. Asimismo, solicita que “cumplan con los más altos estándares de seguridad, a fin de prevenir daños y accidentes”.
“Esto tiene que ver con un tema que nos preocupa a todos los vecinos de la ciudad como es la seguridad y que, ante cierta inacción por parte del Estado, los ciudadanos tratan de defenderse como pueden”, aseveró el autor del proyecto de ordenanza en diálogo con el programa Vamos viendo de Radio U.
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“En el afán de prevenir el delito hemos visto que los vecinos tienden a poner cámaras de seguridad, poner alarmas comunitarias o contratar seguridad privada, y entre estas herramientas están los cercos eléctricos. Pero resulta que no están regulados en nuestra ciudad ni en la Provincia de Buenos Aires”, subrayó Barba.
El edil de Juntos por el Cambio destacó la posibilidad de que ya existan instrumentos similares que no cuenten con una autorización ni reglamentación pertinente. “Pueden estar hechos de manera precaria y que terminen siendo peligrosos”, afirmó el radical.
Vale destacar que en otros estados provinciales, como es el caso de Mendoza, ya existen municipios con este tipo de normas aprobadas. También presentaciones de este estilo en ciudades como Rosario o Córdoba.
Marco legal
Ante la posibilidad de que la iniciativa pueda aplicarse, surge la inquietud respecto a cómo funcionarán. “Cualquier vecino que desee instalar un cerco eléctrico lo tiene que hacer acorde a las especificaciones que estipula la ordenanza”, explicó el edil al respecto, y agregó: “Deben tener un nivel de voltaje no letal. Aquí no se plantea que estén conectados a 220 watts para generar un daño o incluso la muerte del intruso, el planteo busca repeler, no matar”. “En toda esta maraña, todo lo que no está regularizado se encuentra por fuera del control del Estado, por eso la ordenanza trata de suplir esa cuestión”, añadió.
En esa misma arista, el proyecto contempla las facultades de un organismo de control para este tipo de instalaciones, como también el rol de un electricista matriculado en todas las tareas comprendidas sobre estos cercos.
“Las normas están, como la altura y que estén correctamente señalizados. Apuntan a evitar diferentes responsabilidades civiles o penales de quienes los instalen. El vecino que lo haga conforme a las disposiciones de la ordenanza quedaría eximido de responsabilidad si un intruso que trate de ingresar a su domicilio resulta lesionado”, detalló.