Con la confirmación de la prisión preventiva dictada contra Maximiliano Cabaleyro, el oficialismo modificó su proyecto. Ahora no piden la constitución de una Comisión Investigadora, sino que buscan recurrir a la figura de una “suspensión preventiva” contemplada en la Ley Orgánica de las Municipalidades. Quisieron resolverlo sobre tablas en la sesión de ayer, pero por la negativa del Frente de Todos no llegaron a los dos tercios necesarios.
De la redacción de EL NORTE
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El Concejo Deliberante celebró este jueves una nueva sesión ordinaria. Juntos por el Cambio intentó definir la suspensión en el cargo de concejal de Maximiliano Cabaleyro, el miembro del bloque del Frente de Todos que también es dirigente del Sindicato de Camioneros y que desde el 8 de abril se encuentra detenido, imputado por el delito de extorsión cometido en perjuicio de la empresa transportista sampedrina Rey Distribución SRL.
Tras la ratificación el martes de la prisión preventiva –por parte de la Cámara de Apelaciones– dictada contra el concejal opositor, modificó su proyecto original: ya no proponen la constitución de una Comisión Investigadora para evaluar la “habilidad moral” de Cabaleyro para seguir desempeñándose en el cargo de concejal, sino que buscan promover la figura de una “suspensión preventiva” contemplada por la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Así lo indicó en el recinto Daniel Luchelli, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, cuando pidió la palabra para pedir el tratamiento sobre tablas del proyecto centrado en la situación de Cabaleyro en el deliberativo, iniciativa que desde hace dos semanas permanece en estudio en la comisión de Legislación General. “A raíz del cambio de escenario fáctico debido al fallo de la Cámara, consideramos pertinente hacer algunas modificaciones a nuestro proyecto original […]. Consideramos que [el concejal Cabaleyro] tiene una inhabilidad moral para seguir en el cargo, entonces analizar su conducta era el objeto de nuestro proyecto. Este martes tomamos conocimiento del reciente fallo de la Cámara, mediante el cual resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa particular de Cabaleyro y, en consecuencia, confirmó la resolución del Juzgado de Garantías Nº 3 que dispuso la prisión preventiva del concejal. Razón por la cual, dicha medida de coerción ha adquirido firmeza”, repasó Luchelli.
Suspensión preventiva
La referencia del jefe de la bancada oficialista a la “firmeza” de la medida no fue casual. Guarda relación con lo que para casos de esta naturaleza prescribe la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 255: «Imputándose a un concejal la comisión de un delito doloso, procederá su destitución de pleno derecho, cuando recaiga sentencia condenatoria firme. Procederá su suspensión preventiva de pleno derecho cuando hallándose detenido, se dictare en su contra auto de prisión preventiva firme».
A esa figura de “suspensión preventiva” apunta ahora el oficialismo. Para que exista un escenario que habilite el mecanismo de “destitución” deberá ser elevada la causa a juicio y producirse en ese marco una sentencia condenatoria.
“Se torna operativa la sanción dispuesta por la Ley Orgánica, habilitando a la suspensión del concejal detenido”, añadió el titular de la bancada de Juntos, antes de repasar punto por punto las modificaciones hechas al proyecto original luego de la resolución de la Cámara de Apelaciones.
Cuestionamiento y rechazo
En ese punto de su exposición Luchelli concedió una interrupción solicitada por la opositora Muriel Engelbrecht, quien le consultó si estaba o no en posesión del fallo emitido por la Cámara.
“No tengo acá el fallo”, reconoció Luchelli. Replicó entonces Engelbrecht: “Por una cuestión de salud en cuanto a la dinámica de este Cuerpo, entiendo que todo lo que se pretenda hacer por fuera de una resolución que no esté firme sea postergado para esa instancia. Todo lo que esté por fuera de eso es completamente improcedente y nulo”.
Intervino en ese punto Agustín Barba, de Juntos, para advertir que “el fallo se encuentra firme”, que “el doble conforme se encuentra documentado” y que “la privación preventiva de la libertad del concejal imputado es ejecutoria”.
Engelbrecht volvió a arremeter. Señaló que para avanzar en una decisión como la sugerida por el oficialismo “este Cuerpo necesita una notificación”. Sugirió que “al menos los presidentes de bloque puedan reunirse para analizar en profundidad de qué estamos hablando” y que sin esas instancias verificadas previamente, cualquier acción “no es seria”. También contextualizó el debate en la “previa a una campaña electoral” o con una supuesta intención de “tener un título periodístico que nos marque la cancha”.
“No puede ser que estemos salteando cuestiones institucionales que son delicadas. Están queriendo hacer una operación sin tener una notificación a este Cuerpo que dé cuente de que efectivamente esa resolución que invocan está firme”, añadió Engelbrecht.
Continuidad
En esos argumentos se apoyó la decisión del bloque del Frente de Todos para votar contra del tratamiento sobre tablas del proyecto del oficialismo. Es una votación que requería de la conformidad de las dos terceras partes del Cuerpo. Con sus 12 votos, Juntos por el Cambio debió resignarse a la negativa.
Más allá de esto, el proyecto no se cae como tal. De cara a la próxima sesión ordinaria, prevista para el 23 de junio, el oficialismo podrá despachar este o el próximo martes la iniciativa en la comisión de Legislación General y darle aprobación, ahora solo con una mayoría requerida de 11 votos.
