El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart se declaró incompetente para seguir interviniendo en la denuncia que el Gobierno nacional presentó por el presunto envío ilegal de armas a Bolivia durante la administración de Mauricio Macri mientras en ese país se consumaba la salida de Evo Morales.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que López Biscayart entendió que el caso debe tramitar ante el Juzgado en lo Penal Económico 4, a cargo de Alejandro Catania, porque allí se presentó la primera denuncia sobre la causa. Ahora Catania debe resolver si acepta quedarse con la causa. Si lo hace, será el juez del expediente; si no, la Cámara en lo penal Económico deberá resolver cuál de los dos magistrados investiga el caso.
El Gobierno de Alberto Fernández, a través de los Ministerios de Justicia y de Seguridad de la Nación, y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), denunció que en noviembre de 2019 el gobierno de Macri envió armamento a Bolivia para colaborar en la asunción de Jeanine Áñez en reemplazo de Morales. Fue luego que la Cancillería de Bolivia hiciese público el caso al dar a conocer una carta fechada el 13 de noviembre en el que un militar boliviano le agradece al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, por el envío de las armas que fue llevada por Gendarmería Nacional.
La causa quedó a cargo del juez López Biscayart y el fiscal Claudio Navas Rial imputó a Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, al exministro de Defensa Oscar Aguad, a Álvarez García, y a exjefes de Gendarmería. El fiscal pidió la habilitación de la feria judicial y que se hagan una serie de medidas de prueba, que el juez ordenó.
“Transcurrida la feria y adoptadas las medidas de investigación que se estimaron urgentes, cabe resolver en punto a la unificación de los trámites que postulara el Ministerio Público Fiscal”, sostuvo en su resolución López Biscayart en referencia a que cuando el fiscal imputó a los acusados señaló que había otra causa similar, por lo que se debería analizar si ambos expedientes debían tramitar juntos. Navas Rial es el fiscal de las dos causas.
Esa otra causa la inició el exjuez de la Cámara Federal Eduardo Freiler, destituido en 2017 por mal desempeño de sus funciones. “Que, ahora bien, teniendo en cuenta la identidad del objeto procesal y que ambos legajos se encuentran en trámite, a los efectos de determinar cuál fue el juzgado que previno y, por ende, ante el cual debe tramitar el proceso, debe tomarse en cuenta la fecha y la hora de inicio de cada una de las actuaciones”, sostuvo López Biscayart sobre ambas causas.
El magistrado explicó que la denuncia del Gobierno se presentó el 12 de julio a las 16:27 horas y que ingresó a su juzgado al día siguiente a las 8:01. Mientras que la denuncia de Freiler llegó también el 12 de julio pero a las 13:57 y al día siguiente ingresó al juzgado de Catania a las 7:48. Así esta última fue la primera.
“Que, en este punto, corresponde precisar que la declinación de competencia que se decide no determina un grave retardo para la investigación de los hechos denunciados. En ambos expedientes interviene el mismo agente fiscal (el titular de la Fiscalía nro. 9), quien, además, ya tenía delegada la dirección de la investigación en la causa del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 4 desde antes de dictaminar en la presente causa y, en su carácter de titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), intervino activamente en la investigación preliminar”, explicó López Biscayart.
