El abogado defensor de los integrantes del Sindicato de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola presentará hoy el recurso de apelación para que se deje sin efecto la orden de detención que pesa sobre ellos. La misma fue emitida por la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui en una causa originada en San Pedro. La Cámara deberá decidir en los días subsiguientes si hace o no lugar a la medida.
De la redacción de EL NORTE
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Se vence hoy el plazo que la ley otorga para apelar la orden de detención emitida contra Maximiliano Cabaleyro, concejal por el Frente de Todos, y Fernando Espíndola, ambos directivos del Sindicato de Camioneros Seccional San Nicolás. La decisión fue ordenada por la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui en el marco de una causa por “Turbación de la posesión” (dos hechos), “Extorsión”, “Extorsión en grado de tentativa” y “Coacción” en perjuicio de la pyme Rey Distribución S.R.L. de la localidad de San Pedro. El abogado defensor Mauricio Gugger hizo uso del plazo de 48 horas establecido por ley para apelar la decisión y presentará hoy el escrito con el pedido.
En diálogo con EL NORTE el abogado patrocinante de los imputados manifestó que el contenido de la solicitud del recurso se va a centrar particularmente en que no hay peligro de fuga ni riesgo procesal por parte de sus defendidos que siempre estuvieron a derecho. “Son personas conocidas del medio, son conocidos también sus domicilios, sus lugares de trabajo, que es lo que se tiene en cuenta en estos casos para evaluar la peligrosidad procesal y también nos centraremos en que solo se evaluó para decidir la medida el monto de la pena en expectativa. Para otorgar una eximición de prisión se observa que haya peligro de fuga y riesgo procesal y los elementos para determinarlo son si tienen trabajo, si tienen arraigo, si dejaron de estar a derecho, es decir, que no se presentaron a los requerimientos de la Justicia, entre otros, por lo que el monto de la pena en expectativa es solo un requisito más. En este caso la jueza solo tuvo este último en cuenta y a eso vamos a pedir que se lo revea. Tampoco fundamentó la decisión”, manifestó el abogado de los sindicalistas. Y aclaró también que “cuando se rechaza un pedido de eximición de prisión, como en este caso, el Código Procesal otorga 48 horas para apelar el rechazo, se eleva a Cámara y ésta tiene que confirmar el rechazo o modificarlo”. “Lo presentamos hoy –dijo Gugger– y lo decide la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás, que tengo entendido estará conformada por los jueces Alomar, Moreno y Martínez. Si rechazan el recurso, podemos todavía apelar a Casación. En este caso, hasta tanto se le dé respuesta a esa petición, la orden debe hacerse efectiva, es decir que mis defendidos deberán aguardar esa decisión detenidos. La Cámara para evaluar ese primer pedido tiene unos días; veremos qué se decide. Mis defendidos y los otros sindicalistas hacen hincapié en que se trata de un grave ataque a las garantías constitucionales porque se estaría criminalizando la protesta”, finalizó diciendo el Dr. Mauricio Gugger.
Maximiliano Cabaleyro
Por su parte, el dirigente gremial Maximiliano Cabaleyro, en diálogo con EL NORTE, se expresó sorprendido por la decisión. “Siempre estuvimos a derecho, acatamos todas las mandas de la Justicia, nunca entorpecimos la causa. Cuando nos allanaron entregamos todos los papeles, le dimos todo a la fiscal, hasta café con facturas. Esto es una cuestión política, se inició por una huelga en reclamo por despidos efectuados por la empresa sampedrina Rey Distribución, que es la denunciante, contra varios trabajadores y también por las condiciones laborales en las que se encontraban, que eran verdaderamente deplorables. Constatamos maltrato a trabajadores, salarios bajos, había 42 empleados y un solo baño para todos, vehículos sin VTV, pasillos llenos de mercaderías obstruyendo las salidas de emergencia. De hecho, hicimos los reclamos y el Juzgado Laboral nos dio la razón y pidió la reincorporación de los empleados despedidos. Nunca obedecieron la orden de la Justicia”, manifestó Cabaleyro, y continuó: “Hicimos uso de la herramienta legal de reclamar por los derechos de nuestros trabajadores. Cuando nos dicen que turbamos la posesión no es así, porque de los 42 trabajadores que tiene la empresa 12 pararon y el resto siguió trabajando. A esto lo veo más del lado político que otra cosa”.
Consultado el gremialista acerca del supuesto “pedido de coimas” que también consta en la causa, manifestó que desde el lado de la empresa dicen que pidieron $20.000, que esto no está constatado, que es verdad que hubo una cifra de dinero pagado que se había originado en aportes sindicales legítimos, que están los recibos, que se pagó en dos cuotas, pero que se trató de un convenio de pago en el marco de la ley.