Se cumplen 25 años de la ´Masacre de Ramallo´: uno de los capítulos más negros en la historia de la toma de rehenes en el país

Hoy se recuerda el robo con toma de rehenes en el Banco Nación de Villa Ramallo, que culminó con un intercambio de más de 150 disparos entre la policía y los delincuentes, y que derivó en la muerte del gerente y del contador de la sucursal y del secuestrador Hernández. Saldaña apareció ahorcado en su celda luego. Tres delincuentes habían mantenido más de 20 horas cautivos a rehenes. El hecho de aquel 17 de septiembre de 1999 evidenció corrupción en el sistema y desencadenó una serie de condenas y medidas con impacto en nuestros días.

De la Redacción de EL NORTE
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Martín “Tito” Saldaña, Javier Ernesto Hernández y Carlos Sebastián Martínez fueron quienes habían planeado el asalto a la sucursal de Villa Ramallo del Banco Nación. Entraron armados y con explosivos a la sucursal cuando el gerente Carlos Chaves le abrió la puerta al cartero Fernando Vilchez. Los asaltantes tenían el dato de que en esa sucursal de la esquina de la avenida San Martín y la calle Sarmiento había 30.000 pesos en los mostradores y otros 100.000 en el tesoro. Todo en tiempos donde un peso era un dólar. Durante más de 20 horas mantuvieron cautivos a los rehenes, con la presencia en las inmediaciones de las Policías Bonaerense y Federal y los funcionarios del Poder Judicial. Las cámaras de TV y diversos medios de comunicación rodearon la escena y todo se siguió minuto a minuto en vivo. Hasta que cerca de las 4 de la madrugada del 17 de septiembre de 1999, los delincuentes decidieron fugarse en el auto de Chaves llevando a tres rehenes -Chaves, su esposa Flora Lacave y el contador Santillán- como escudo humano.

La policía abrió fuego y descargó más de 150 balazos a medida que el vehículo recorría 80 metros, golpeando contra árboles y una camioneta de las fuerzas de seguridad. La balacera fue feroz: 48 disparos impactaron en el Polo Verde. Las balas mataron a Chaves, que tenía un pan de trotyl colgando del cuello, y también al contador Santillán y al secuestrador Javier Hernández.

Asaltantes y fuerzas de seguridad

Saldaña, que se había quedado dentro del banco, apareció ahorcado en su celda al día siguiente. Eso hizo que Flora Lacave y Martínez fueran los únicos sobrevivientes.

En 2002, el delincuente Carlos Martínez fue condenado a 20 años de cárcel por “triple homicidio en ocasión de robo, privación ilegal de la libertad de los rehenes y tenencia de armas de guerra”. Murió en 2011 en un accidente de moto, mientras gozaba de salidas transitorias.

Se trata de uno de los capítulos más negros en la historia de las tomas de rehenes en el país, en donde a lo largo de dos juicios orales se condenó a los policías que efectuaron los disparos.

En 2004, siete de los ocho policías acusados por la denominada “Masacre de Ramallo” recibieron penas de entre 2 y 20 años de prisión. La más alta recayó sobre Oscar Parodi, condenado a 20 años de prisión. Ramón Leyva recibió 18 años de cárcel; Aldo Cabral, del Comando de Patrullas -que les dio apoyo desde afuera a los delincuentes-, 17 años; Jorge Aguilar -que aportó el pan de trotyl- fue condenado a 15 años. A 14 años de prisión fue condenada Mónica Saldaña, hermana del asaltante que se ahorcó. El vendedor de celulares Norberto Céspedes -en cuya casa practicaron el golpe-, Oscar Mendoza, expareja de Mónica, y la remisera Silvia Vega recibieron penas de 13 años.

La masacre evidenció corrupción en el sistema. Además, generó que se cambiaran en el país los protocolos ante una toma de rehenes.

El caso provocó la renuncia del ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Osvaldo Lorenzo, tras 45 días en el cargo, y el por entonces gobernador Duhalde disolvió el Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Corte, indemnización y reclamo resuelto en 2024

Paralelamente comenzó un reclamo indemnizatorio, que se extendió 25 años. En marzo de 2024, la Corte Suprema condenó al Gobierno bonaerense a pagar a los familiares de las víctimas por daño material, daño moral y gastos por tratamientos psicológicos y psiquiátricos.

Según consta en la síntesis del sitio web del Sistema Argentino de Información Jurídica, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “entiende que la provincia (de Buenos Aires) debe responder de modo principal y directo por las consecuencias derivadas de la falta de una regular prestación del servicio de seguridad porque se demostró que los integrantes de la policía provincial actuaron sin la más mínima consideración por el respeto al valor vida, de prioritario y reconocido alcance constitucional. Afirma que el número de disparos que efectuaron los funcionarios policiales provinciales sobre el rodado y sus ocupantes revelan una conducta incompatible con la de quienes deben tener a su cuidado la preservación racional de la integridad física de los miembros de la sociedad y sus bienes. No obstante, considera improcedente responsabilizar al Estado Nacional toda vez que no fue acreditada la relación de la causalidad entre el accionar de la Policía Federal y los perjuicios sufridos”.