Crímenes de lesa humanidad: Los artífices de lo que fue una cacería humana


Como consignó EL NORTE días pasados, el Juzgado Federal N 2 de San Nicolás ordenó la detención de ocho ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y tres miembros del Ejército en un juicio que investiga el secuestro, torturas y muertes de integrantes del PRT-ERP de la región norte.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es querellante en la causa y aportó prueba documental del archivo de la DIPPBA que da cuenta de las tareas de inteligencia y espionaje que permitieron llevar adelante las operaciones militares y de la participación del mismo personal de la DIPPBA en los grupos de tarea que cometieron estos delitos. En noviembre de 1976, una serie de operativos militares en la región de San Nicolás y Pergamino terminaron con el secuestro y detención de varios miembros del Partido Revolucionario de los Trabajadores—Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT—ERP); algunos de ellos, permanecieron un tiempo en cautiverio, otros fueron asesinados y otros permanecen desaparecidos. En total son 12 víctimas.
Enabel Cappa, Raúl Calabressi, Mario Marrese, Miguel Ángel Amarillo, Félix Aladro, Julio Carranza, Oscar Parodi y Pedro Díaz eran en ese momento agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), delegación San Nicolás. Los ocho fueron recientemente detenidos en la causa que investiga estos delitos de lesa humanidad.

La cacería
Según consigna la investigación judicial, el 9 de noviembre de 1976 fuerzas conjuntas, bajo el comando operacional del Área Militar 132, secuestraron a Carlos Santillán e Irene Ballester, que eran miembros del PRT—ERP y habían ocupado cargos importantes en la estructura del partido. Durante su cautiverio fueron torturados y de estos interrogatorios, los represores obtuvieron información que permitió dar con el domicilio de María Cristina Lanzilloto en Pergamino, esposa de Carlos B. Santillán y también integrante del PRT—ERP.
Una patota integrada por los agentes policiales secuestraron de su propia casa a Lanzilloto y a sus hijos María Lucila y Jorge—de dos y un año de edad respectivamente—. Todos fueron trasladados a la UP N 3 de San Nicolás, donde ya estaba detenido ilegalmente Santillán; los niños fueron liberados 6 días después, María Cristina y Carlos sometidos a más vejámenes y torturas. La investigación señala luego que ese mismo día, Adriana Pierro fue secuestrada en el domicilio de sus padres en la ciudad de Pergamino. Una vez secuestrada fue llevada al centro clandestino de detención que funcionó en el interior de la Comisaría Primera de Pergamino. Un día después de estos operativos, según consta en los documentos de la DIPPBA, detuvieron a Carlos Miranda. Y también a Carlos Pérez y Leonor Genoveva Pierro que fueron secuestrados en la vivienda que habitaban en la ciudad de San Nicolás. Carlos fue asesinado y Leonor continúa desaparecida.
El raid delictivo no terminó en esos días. Luego de allanar las casas particulares de las víctimas, se asentaron en esos domicilios guardias policiales. Así fue detenida Marta San Martín, que cuidaba a los hijos del matrimonio Santillán—Lanzilloto. Ante la ausencia de los niños durante tres días, Marta fue a la casa de la familia: fue secuestrada y trasladada también a la Comisaría Primera de Pergamino. Su esposo, Pedro Preto, fue privado ilegítimamente de su libertad un día después, cuando fue a buscarla. En la casa fue interrogado agresivamente y, finalmente, trasladado a la misma dependencia policial. La misma suerte corrió Benjamín Santillán, padre de Carlos, que fue detenido el 17 de enero de 1979 cuando arribó al domicilio de su hijo.