Diario El Norte

Editorial

La necesidad de sumar nuevos contribuyentes en lugar de aumentar la presión tributaria

17 Junio 2017 (23:52)

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En nuestra edición de ayer, publicamos una información sobre las intimaciones que ARBA está realizando a ciudadanos de nuestra ciudad y Ramallo.

 

Puntualmente, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires comunicó que inició un proceso gradual de intimaciones que se extenderá hasta fin de año y que alcanzará a 117.850 incumplidores, entre ellos profesionales, particulares y empresas, que ejercían su actividad económica en territorio bonaerense sin estar inscriptos como contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Desde el organismo confirmaron a EL NORTE que detectaron a 784 infractores en San Nicolás, 151 en Ramallo y 511 en San Pedro.

 

Según las estimaciones de Arba, la deuda total alcanza 960 millones de pesos y se detectó a partir de las tareas de fiscalización, cruce de datos y análisis de diferentes fuentes de información. El 70 por ciento de los infractores está radicado en la zona metropolitana del territorio bonaerense, en tanto que el resto se localiza en distritos del interior. En cuanto a la deuda acumulada en los distritos de San Nicolás, Ramallo y San Pedro, estimaron que ascendería a unos 12,3 millones de pesos.

 

Se informó oficialmente que los evasores abarcan diferentes rubros, entre ellos los servicios inmobiliarios, construcción, transporte, esparcimiento, hotelería, gastronomía, informática, turismo, fabricación de productos textiles, muebles, colchones, etc.

 

Las notificaciones, que según los casos serán enviadas por medios digitales, postales o a través de agentes del organismo que visitarán cada domicilio, alcanzarán en primera instancia a quienes se les haya detectado un nivel de evasión mayor, posteriormente de manera gradual se incluirán a la totalidad de los infractores. Una vez que reciban la notificación, los particulares y empresas intimadas tendrán un plazo de 10 días hábiles para inscribirse como contribuyentes de Ingresos Brutos, constituir domicilio fiscal, presentar las declaraciones juradas y pagar los tributos adeudados, con los intereses correspondientes.

 

Advirtieron que en caso de no acatar, no efectuando el alta, ni realicen un descargo para explicar su situación, la Agencia de Recaudación procederá a inscribirlos de oficio y les reclamará por vía judicial los impuestos impagos que surgen de no haber declarado oportunamente los ingresos de su actividad. A la vez, tendrá la posibilidad de aplicarles multas, clausuras u otras sanciones, en el marco de lo establecido en el Código Fiscal.

 

La decisión de Arba ha causado inquietud en muchos ciudadanos de nuestra región, sobre todo en aquellos que están involucrados. Sin embargo, no debería ser así. La decisión tomada por el organismo recaudador es correcta, porque apunta a blanquear la situación de quienes por una u otra razón no están inscriptos.

 

Generalmente la presión tributaria se ejerce sobre aquellos que ya lo están o blanqueados (como se dice en la jerga). Esto ha motivado que siempre se le exija a los mismos, mientras que el resto que continua en la marginalidad siguen sin pagar, haciendo que la presión tributaria sobre los regulares sea asfixiante, generando además una competencia desleal sobre los cumplidores. Ahora se está buscando incorporar a nuevos contribuyentes obligados pero que no tributaban, eso es lo que se debe buscar, que paguen todos los que deben hacerlo, de esa manera posiblemente se pueda ceder con las exigencias a los que lo hacen habitualmente y que hoy les cuesta estar al día.

 

Nuestra economía tiene una enorme marginalidad. Se calcula que alrededor del 40% de todo lo que se compra y vende va por los canales "en negro". También hay muchísimo empleo informal. De esta manera, se genera una situación de enorme desigualdad. Por un lado, están los contribuyentes legales que cada vez pagan más, que se sigue presionando desde el Estado, que se lea hace difícil ser competitivos, por el otro, los que se desenvuelven absolutamente en la informalidad, sobre los que no recae ninguna presión y que por no tributar sus costos son infinitamente menores que los anteriores. Es una competencia absolutamente desleal y dañina para las arcas fiscales.

 

Tanto el Estado Nacional como los Estados Provinciales deben apuntar a que la carga tributaria se reparta en todos los obligados e incorporar esos nuevos contribuyentes al sistema, porque ello permitirá una mayor equidad, un mejor reparto de esfuerzos, una competencia leal y una mayor recaudación. Entendemos que debemos continuar por esta senda, porque es el camino correcto.