Alrededor de 11,2 millones de personas se vieron directamente afectadas en las ciudades en Brasil desde principios de año debido a los incendios forestales que sufren todas las regiones del país, según divulgó la Confederación Nacional de Municipios (CNM).
Las cifras se incluyen en una encuesta realizada por la organización, que calcula los daños económicos causados por los incendios en 1.100 millones de reales (unos 200 millones de dólares).
La estimación se realizó utilizando datos de 2024, que muestran que, hasta el pasado lunes, 538 municipios habían declarado el estado de emergencia debido a los incendios.
“El crecimiento es alarmante si se compara con el año pasado, cuando se vieron afectadas 3.800 personas y sólo 23 municipios habían declarado el estado de emergencia”, dijo la CNM.
El informe también proporcionó información sobre los decretos de emergencia por sequía en los municipios brasileños este año y dice que Brasil tuvo 9,3 millones de personas afectadas y más de 43.000 millones de reales (7.800 millones de dólares) en pérdidas económicas.
En el mismo periodo del año pasado, la población afectada por los incendios forestales ascendió a 630.700 personas en 120 municipios.
Ante este escenario, la CNM defendió la creación de un Consejo Nacional del Cambio Climático, la Autoridad Nacional del Clima y el Fondo Nacional del Cambio Climático.
El Consejo deberá estar integrado por los presidentes de la República, de la Cámara de Diputados y del Senado Federal.
De acuerdo con la propuesta, el órgano colegiado estará integrado además por un secretario de Estado, tres gobernadores estatales, elegidos entre ellos; tres representantes de los municipios, elegidos por todos los titulares del poder ejecutivo municipal; y la Autoridad Climática Nacional.
La Autoridad Climática Nacional será nombrada por el presidente de la República de entre los miembros de una triple lista elaborada por el Consejo Nacional de Cambio Climático, para ejercer el cargo durante un periodo coincidente con el mandato de un diputado federal, con los derechos y obligaciones de un ministro de Estado.
La Autoridad del Clima se encargará de subvencionar la ejecución y aplicación de la Política Nacional de Cambio Climático; regular y supervisar la aplicación de las acciones y objetivos sectoriales de mitigación, adaptación y fomento de la resiliencia al cambio climático; y llevar a cabo la coordinación interministerial de las políticas climáticas, entre otras funciones.
La propuesta también destina el 3 por ciento de la recaudación del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) al Fondo Nacional para el Cambio Climático.
“La Confederación justifica esta medida porque el modelo tradicional de aplicación de los recursos públicos no ha dado resultados adecuados en la promoción de medidas eficaces que permitan prevenir y hacer frente a las consecuencias del cambio climático”, afirmó la organización.