Diario El Norte

Editorial

Las crisis provinciales obligan a que repensemos los despilfarros improductivos

28 Abril 2017 (00:00)

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Los graves incidentes ocurridos en Santa Cruz, vuelven a ubicar en el centro del debate el creciente déficit fiscal que enfrentan las provincias, que en muchos casos se presentan como inmanejables en el corto plazo.

El país adoptó desde la Constitución de 1853 para su organización política el sistema Representativo, Republicano y Federal. La característica de republicano y federal tiene notable influencia en la organización de los ingresos y gastos públicos, ya que implica definir cuál es el nivel del Estado (Nación, provincias o municipios) responsable de los mismos.

Actualmente un 76% de los recursos totales son recaudados por la nación, frente a un 21% de las provincias, sin embargo estas últimas soportan el 57% de las erogaciones. Resulta claro que en este esquema, provincias y municipios se hacen cargo de una mayor proporción de gastos que la que pueden sostener con sus recursos tributarios propios.

Si bien hay que tener en cuenta que parte de lo que recauda la nación son luego transferidos a los niveles inferiores de gobierno bajo la forma de coparticipación más otras transferencias automáticas y no automáticas, estas cifras ilustran claramente el desequilibrio fiscal que existe en cuanto a la distribución de las facultades tributarias en relación con los gastos público que debe afrontar cada estamento.

En pocas palabras, el esquema evidencia que las provincias recaudan muchísimo menos dinero de lo que luego deben erogar. Por tal motivo, quedan supeditadas inexorablemente a lo que pueda aportar nación para subsanar ese déficit.

Así las cosas, lo que está sucediendo en Santa Cruz no resulta extraño. La provincia patagónica es sólo un ejemplo de lo que también se ha vivido, y se vive, en otras, esto independientemente de la responsabilidad propia de la administración locales que han expandido sus gastos en forma irresponsable.

La primera conclusión es obvia: debería rediscutirse este sistema, para darle una mayor viabilidad y autonomía a las jurisdicciones provinciales.

Dicho esto, debemos pasar ahora a las responsabilidades propias que tienen las provincias en este tipo de crisis. El esquema tributario y fiscal antes mencionados es igual para todas las provincias, sin embargo algunas están mucho peor que otras. En consecuencia, existe también una responsabilidad propia de Santa Cruz, que además es una de las provincias que se pueden llamar ricas por sus recursos petroleros, en la crisis que ahora la afecta.

Santa Cruz se acostumbró a vivir de las prebendas que el Estado Nacional le dio durante los doce años de kirchnerismo, cuando esto último se cortó, colapsó casi de manera automática. Crearon un sistema inviable sin la ayuda extra del gobierno central, bajo ningún punto de vista la actual administración de Cambiemos debe continuar con esos privilegios. Si crearon un monstruo innecesariamente grande, no es justo que ahora se lo siga alimentando con el dinero de todos.

El esquema de cobro de tributos y reparto de ese dinero no es el más adecuado, eso debe modificarse. Ello impediría, además, que el Estado Nacional se convierta en el benefactor incondicional de los aliados, y victimario serial de sus enemigos. Pero hasta que ello ocurra, las provincias deberán hacer sus deberes como corresponde.

Los millones de argentinos que trabajan no pueden seguir solventando estructuras burocráticas absurdamente grandes e improductivas, justificadas solamente para solventar la política, bajo el simple argumento de evitar un conflicto. Hay que poner un límite ahora mismo, para no continuar con el despilfarro. Caso contrario, jamás habrá dinero que alcance para las cosas verdaderamente importantes, para dotar al país de infraestructura y desarrollarlo para el futuro.